Eliot 33

Cuando la corrupción o el favor político afectan al adversario, entonces, como sombra que sigue al sol, se exige la máxima contundencia (se es inmisericorde y todos se rasgan las vestiduras); cuando afecta a las propias filas, cambian las tornas: se activa la retórica de la «persecución política» o del «lawfare».

Pedro Sánchez (2014) En su carrera a las primarias del PSOE:

«Tenemos que acabar con el clientelismo y el enchufismo en la administración pública. España no puede permitirse un modelo donde valga más tener un carné de partido o un apellido que el mérito y la capacidad. Propongo una regeneración democrática real, donde el acceso al empleo público sea estrictamente transparente, porque el enchufismo es una forma de corrupción que drena el talento de nuestro país y destruye la confianza de los ciudadanos en lo público».

Susana Díaz (2015) :

«La tolerancia ante el enchufismo y la arbitrariedad en la Junta de Andalucía debe ser cero. No va a haber espacio en esta administración para quienes pretendan saltarse los principios de mérito, capacidad y publicidad. Quien quiera un puesto público tendrá que ganárselo en igualdad de condiciones, no por cercanía política o familiar. La limpieza en las instituciones es innegociable.»

Antonio Hernando (2015):

«El PP ha confundido el Boletín Oficial del Estado con una oficina de colocación de amigos, familiares y militantes. El enchufismo sistemático en los organismos públicos y en las empresas estatales no solo es una falta de ética intolerable, sino que es un ataque directo a los profesionales de carrera que ven cómo se ningunea su esfuerzo. Vamos a presentar una ley de despolitización de la administración para blindar el mérito».

No me invento nada. Me limité a consultar la hemeroteca.

La crítica a las sentencias no solo es legítima, eso dejémoslo meridianamente claro, sino que es incluso necesaria en una sociedad abierta. Criticar o discrepar de sentencias no disminuye la calidad democrática de una nación. Puede ser un impulso regenerador. LO QUE ES PROFUNDAMENTE PELIGROSO Y DESTRUCTIVO ES LA DESCALIFICACIÓN PERSONAL DEL JUEZ O LA ACUSACIÓN GENERALIZADA DE PARCIALIDAD. Por decirlo con palabras groseras; afirmar que los jueces están vendidos a la derecha (o a la izquierda). Cuando el gobernante o el legislador afirma que los tribunales no aplican el derecho, sino que actúan movidos por motivaciones políticas espurias o incluso prevaricadoras, entonces la idea que se lanza es devastadora: son baladíes las reglas del juego. Es muy irresponsable deslegitimar a la justicia (lo hagan tirios o troyanos) para salvar un ideario político afecto de corrupción. La confianza en los tribunales cuesta décadas lograrla; destruirla puede ocupar apenas unas semanas.

Nada más que añadir, excepto enviar un muy cariñoso saludo a Daniel.