Cabe mencionar las virtudes democráticas. La democracia gestiona los conflictos sin recurrir a la guerra civil; es decir, ideó un tinglado muy sapiente en el que la oposición a su majestad ostenta la misma legitimidad que el gobierno de su majestad. Además, hace de la tensión y la violencia —de la lucha y el odio fratricida o cainita— una suerte de institucionalización real y simbólica que la encauza, la amortigua y la desconcentra. Se sustituye así el garrote por el argumento.
La democracia no consiste en la aniquilación del discrepante ni en la primacía absoluta de la mayoría, sino en el reconocimiento mutuo y en la sustitución de las armas por la palabra deliberativa. La frase decisiva del artículo no es, a mi juicio, la última —«la democracia comienza donde termina el enemigo»—, sino esta otra, quizá menos brillante, pero filosóficamente más fértil: «Gobernar no consiste únicamente en decidir; exige también argumentar». Ahí reside el corazón del texto. El profesor Pérez Garzón entiende la democracia no solo como un procedimiento para contar votos, sino como un régimen en el que el poder está obligado a dar razones ante quienes no lo comparten.
La argumentación no constituye un adorno culto de la democracia; es parte de su mecanismo interno. Un poder que solo comunica decisiones, pero deja de justificarlas; una oposición que solo insulta, pero deja de refutarlas; un Parlamento convertido en una sucesión de consignas destinadas a producir vídeos de treinta segundos: todo ello puede conservar las formas electorales mientras pierde progresivamente la cultura democrática.
La política democrática contiene, por tanto, una modesta pero decisiva obligación epistemológica: debo admitir que puedo estar equivocado, que mi adversario puede poseer razones atendibles y que mis preferencias no se convierten en verdad objetiva por obtener un voto más.
Como señaló Popper: «Debemos adoptar una actitud de racionalismo crítico que admita la posibilidad de estar en el error y que reconozca que la única forma de acercarnos a la verdad es a través de la discusión con otros. La discusión crítica implica el reconocimiento implícito de la igualdad de todos los hombres y de sus derechos a defender sus opiniones. Es la diferencia fundamental entre el método del debate y el método de la fuerza: en la sociedad abierta, dejamos que mueran nuestras hipótesis en lugar de hacer que mueran las personas».
La sociedad abierta es, en este sentido, una gigantesca maquinaria de corrección de errores. Las elecciones, la prensa libre, la oposición parlamentaria, los tribunales y la discusión pública permiten decir al poder: esto quizá esté mal; demuéstrelo; rectifique; sométase a contraste. De ahí que Popper relacionara la democracia no tanto con la cuestión platónica «¿quién debe gobernar?», sino con otra mucho más prudente: «¿cómo podemos librarnos de malos gobernantes sin derramamiento de sangre?». Su filosofía política defiende precisamente las instituciones que permiten reformas y correcciones sin recurrir a la violencia.
Como bien señala Pérez Garzón, negociar y pactar no es una «vergonzosa claudicación», sino la consecuencia lógica de asumir el pluralismo del que escribió Berlin: si los valores legítimos entran en conflicto, la única salida democrática es la transacción deliberada y el compromiso razonado.
A este respecto, resultan reveladoras dos citas finales:
«La primera señal de decrepitud en una democracia ocurre cuando el debate político abandona el terreno de la discusión racional de las ideas para adentrarse en la descalificación moral del adversario. Cuando a quien piensa distinto no se le combate con datos, argumentos o alternativas, sino que se le etiqueta como enemigo de la patria, del pueblo o de la moral, el mecanismo democrático queda paralizado. La democracia no muere necesariamente por un golpe de Estado militar; muere de forma más sutil cuando las palabras pierden su sentido deliberativo y se transforman en proyectiles ideológicos destinados a aniquilar civilmente al discrepante», Jean-François Revel
«La democracia constitucional se caracteriza no por la ausencia de conflictos, sino por el marco institucional dentro del cual estos se expresan y se arbitran. Lo que distingue a un ciudadano libre de un súbdito es la posibilidad de discutir públicamente las decisiones del poder, de exigir cuentas a los gobernantes y de proponer alternativas. La oposición no es una concesión tolerada por la mayoría; es la prueba viviente de que la soberanía no pertenece al gobierno, sino al conjunto de los ciudadanos. Cuando el diálogo es reemplazado por la consigna o la imposición administrativa, el régimen constitucional pierde su alma», Raymond Aron.
Multitudo non sequitur 