Bonald teorizó sobre cómo un poder que solo se sostiene mediante la fuerza y la opresión, desentendiéndose del bienestar de sus ciudadanos, deja de ser un Estado legítimo para convertirse en un cadáver institucional: «Cuando el poder político ya no tiene por objeto la conservación del cuerpo social, sino únicamente su propia permanencia a través de la fuerza, el Estado deja de existir como orden real y se transforma en un simulacro. Las leyes pierden su carácter protector y pasan a ser meros decretos de coacción. Un poder de esta naturaleza no puede construir nada, pues la razón humana, reducida a la ambición desenfrenada de un corazón corrompido, solo es capaz de destruir. Así, un gobierno puede conservar los nombres de sus magistraturas y el aparato de sus ministerios, pero si ha roto el vínculo de socorro con sus administrados, no es más que una estructura muerta que habita un territorio depauperado».
Venezuela ya estaba profundamente deteriorada antes del terremoto. El lenguaje del poder era —y sigue siendo— el de la trampa, la tortura, el arrasamiento de la sociedad abierta y la demolición del Estado de derecho. Llueve sobre mojado. Los gobernantes eran (y son) unos viles carceleros. En una democracia madura el ciudadano tiene derecho a ser socorrido por el poder del mismo modo que un niño tiene derecho a ser nutrido por su padre. Cuando el poder abdica de esta obligación fundamental, persiguiendo al que disiente y abandonando las obras del bien común, la sociedad cae en la orfandad. Pobre Venezuela. Pobres venezolanos.
Multitudo non sequitur 