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El fenómeno por el que el Estado deja de servir al bien común y pasa a ser tratado como un botín privado ha sido (claro, los ladrones son milenarios) ampliamente pensado.

Frédéric Bastiat, en su famosa obra «La Ley» (1850), describió el momento en que las estructuras estatales se corrompen para convertirse en herramientas de expolio. Cito: «Cuando el expolio se organiza por la ley para beneficio de los que la hacen, todas las clases expoliadas intentan, por vías pacíficas o revolucionarias, participar de algún modo en la confección de las leyes. El esclavo se convierte en tirano; el expoliado se convierte en expoliador. Es imposible introducir en la sociedad un mal mayor que este: la conversión de la ley en un instrumento de expolio ¿Cuáles son las consecuencias de tal perturbación? Sería necesario otro volumen para describirlas todas. Mencionemos las principales. En primer lugar, borra en las conciencias la noción de lo justo y de lo injusto. Ninguna sociedad puede existir si no impera cierto respeto por las leyes; pero el medio más seguro de que las leyes sean respetadas es que sean respetables. Cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano se encuentra en la cruel alternativa de perder su sentido moral o de perder el respeto a la ley». Cita densa, pero que requiere ser releída con atención.Y es que el verdadero destrozo de la corrupción no se mide en millones de euros, sino en el derribo de la confianza. Cuando el ciudadano descubre que el acceso al recurso público no depende del mérito o de la ley, sino de las «redes de influencia», de ese absceso tumoroso, la democracia se convierte en una cáscara vacía, una fachada que oculta una oligarquía repulsiva de intereses privados. Es lo que ocurre en nuestro desdichado país.

Historiadores como Salustio, por ejemplo en su obra «La conjuración de Catilina», describen cómo la llegada de inmensos recursos sin los controles adecuados corrompió a la élite romana. Cicerón, en sus discursos contra Verres (gobernador ladrón), clamaba contra la pasividad y la impunidad de los corruptos, un eco directo de la «abolición de la responsabilidad política como principio moral» que denuncia Camacho. Las palabras con las que Cicerón fulminó a Verres se leen hoy sin necesidad de cambiar una sola coma, como un calco de nuestra propia desgracia: «¿Hasta cuándo se tolerará que los recursos del Estado sirvan para enriquecer a unos pocos mientras el pueblo padece? No faltan leyes, senadores, ni tribunales; lo que falta es el valor moral para aplicar la justicia a quienes se creen por encima de ella porque sostienen las redes del poder». Pobre España.