El artículo del profesor Fernando Vallespín sobre la patología de nuestra corrupción institucional destaca por algo cada vez más escaso en el debate público: un patriotismo de las instituciones que huye del sectarismo. El texto es templado y sensato porque no busca salvar a unas siglas ni triturar a otras; busca, primordialmente, proteger la salud de una democracia liberal que hoy se percibe enferma por la polarización.
Vallespín demuestra tener ideas propias y no estar robotizado. Su propuesta es un ejercicio honesto: exige una verdadera catarsis —que bien podría canalizarse a través de una moción de censura para calibrar la consistencia de la alternativa—, pero, al mismo tiempo, planta cara a la cacería mediática exigiendo blindar la presunción de inocencia y frenar la filtración de los sumarios.
El núcleo de su argumentación, lo verdaderamente mollar, es cómo desplaza el foco desde la culpabilidad penal hacia la responsabilidad ética y política. Llevamos años asistiendo a un espectáculo de degradación institucional donde se bastardea la democracia manteniendo la corrupción flotando «en potencia» mientras se espera el amparo de los tiempos judiciales. Existen razones abrumadoras que demuestran la necesidad de asumir responsabilidades políticas de inmediato, indistintamente de que hablemos de tirios o de troyanos.
Es aquí donde la tesis del jurista Francisco Laporta cobra vigencia al recordarnos que un gobernante no solo responde por lo que hace con sus propias manos, sino por lo que consiente o por lo que no ve debido a una «ceguera voluntaria». En política, la ignorancia no exime de responsabilidad, la agrava. Sostener que «no se sabía nada» del lodazal que crecía en el propio ministerio es confesar una negligencia inaceptable. Si el jefe no responde por las conductas venales de su equipo, la estructura del Estado se convierte, en palabras de Laporta, en una «hidra irresponsable donde nadie es culpable de nada».
Esta preocupante tendencia a confundir el código penal con el código de la confianza cívica nos lleva directamente a la advertencia de Daniel Innerarity. El gran error de la política contemporánea es la judicialización de la responsabilidad, delegando en los jueces la decisión de si alguien es apto o no para seguir ejerciendo el poder. Si un gobernante solo se siente obligado a dimitir cuando recibe una sentencia firme, está reduciendo el listón de la dignidad pública al mínimo legal imaginable: el de no ser un delincuente convicto. Pero gobernar exige solvencia moral y autoridad simbólica. Cuando la sospecha es fundada, la dimisión no es una confesión de culpabilidad penal, sino un acto de estricto respeto hacia el sistema democrático.
Necesitamos esa catarsis de la que habla Vallespín para limpiar una mancha que todo lo ensucia. Frente al recurso cómodo del «y tú más», la ejemplaridad es el único camino para restaurar el crédito de nuestra cultura cívica.
P.S.: Aprovecho la ocasión para enviar un saludo muy afectuoso al profesor Vallespín por seguir arrojando luz y moderación en mitad de tanto cenagal.
NOTA BENE: Esta es una nota híbrida. A ojo de buen cubero diría que un 25% de su autoría es de la IA, y un 70% mía. Me parece intelectualmente honesto no ocultarlo.
Multitudo non sequitur 