¿Existen pruebas (no en el runrún o la cháchara político-mediática) de una coordinación deliberada entre jueces, fiscales y poder político para eliminar adversarios? La afirmación más extraordinaria requiere de la prueba más rigurosa; creer en una afinidad electroquímica, llena de enlaces covalentes, entre —nada más y nada menos— jueces de instrucción, fiscales, audiencias provinciales, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso, en ocasiones, tribunales europeos, exigiría tal magnitud de carga probatoria que, evidentemente, se está a años luz de aportar.
El lawfare se introdujo en el lenguaje político español no por una realidad objetiva, sino como un «precio» de cesión terminológica del PSOE a los partidos independentistas catalanes para lograr la investidura de Sánchez. Esto es históricamente riguroso. El relato del «sufrimiento de la persecución judicial» ha pasado de los líderes del procés al propio Pedro Sánchez. El editorial sostiene que el Gobierno utiliza encuestas de opinión sobre la politización de la justicia para validar y «dar fuerza empírica» a su discurso de victimización. Esta segunda tesis me parece incontestable. «Perseguir judicialmente el delito no es perseguir judicialmente a los políticos, salvo que los políticos sean unos posibles delincuentes»; las luces de la razón verifican la evidencia de la idea.
En España no existe el lawfare. Como señala Natalia Velilla:
«El concepto de lawfare presupone la existencia de una judicatura corrompida y entregada a una causa política. En España, los jueces no eligen qué casos investigan; los casos llegan por reparto automático o por competencias preestablecidas por la ley (el principio del juez ordinario predeterminado por la ley). Además, una instrucción penal no es el feudo de un único juez omnipotente. Cada decisión relevante de un juez de instrucción es revisable por un órgano colegiado (la Audiencia Provincial o la Sala de lo Penal correspondiente) a través de los recursos de las partes. Pensar que existe lawfare en España exige creer en una macroconspiración en la que participan el juez de instrucción, los magistrados de la apelación, el Ministerio Fiscal y los letrados de la Administración de Justicia. El sistema español tiene suficientes contrapesos y garantías internas como para que la prevaricación judicial sistémica sea un absurdo metafísico».
El pleno del órgano de gobierno de los jueces también se pronunció de manera formal sobre la introducción de este término en el debate público:
«Este Consejo expresa su frontal rechazo a la utilización del término lawfare para referirse a la actividad de los tribunales españoles. Dicho concepto resulta manifiestamente incompatible con nuestro sistema constitucional, en el que la independencia de los jueces constituye un pilar innegociable. Afirmar de manera genérica o particular que los jueces dictan sus resoluciones con finalidades políticas espurias carece de todo fundamento fáctico y jurídico, y obedece únicamente a una estrategia de debilitamiento institucional encaminada a sustraer a determinados ciudadanos del control de la legalidad penal al que todos, sin excepción, estamos sometidos».
NOTA BENE: Felicito a ABC por este combativo y excelente editorial. Le hubiera encantado a Tácito. Él desconfiaba profundamente de los gobernantes que pretendían someter la ley a la conveniencia política. Su idea central aparece constantemente en los «Annales»: el poder siempre encuentra argumentos para justificar sus excesos; precisamente por eso deben mantenerse independientes los magistrados y las instituciones. Por su parte, Tucídides habría apreciado el editorial como un síntoma perfecto de la stasis (la guerra civil o polarización interna) que precede a la caída de las democracias (como ocurrió en Corcira). Le interesaría observar cómo las facciones políticas deslegitiman las leyes comunes para destruirse mutuamente. Reitero mi enhorabuena.
Multitudo non sequitur 