El texto está muy bien escrito, estructurado de forma fluida y maneja una retórica de editorial de alto nivel. Enhorabuena.
El dato es exacto: el informe de más de 900 páginas de la Oficina de Ética Gubernamental de EE. UU. revela que Trump ingresó más de 2.200 millones de dólares, de los cuales más de 1.400 millones provienen directamente de sus negocios de criptomonedas y licencias de monedas digitales (como World Liberty Financial y las Celebration Coins).
El editorial habla de «eludir demandas» y de corrupción. Creo que vale la pena precisar que, legalmente, el presidente y el vicepresidente de EE. UU. están exentos por ley de los estrictos conflictos de interés que aplican al resto de los funcionarios públicos del poder ejecutivo. Lo que el texto describe como corrupción es, bajo la ley estadounidense actual, técnicamente legal (aunque algunas podrían suscitar controversias constitucionales), lo que traslada el debate del terreno judicial al moral y político. El marco legal estadounidense permite vacíos que Trump aprovecha sin romper técnicamente la ley [la ley federal principal sobre conflictos de interés de los funcionarios públicos de EE. UU. está tipificada en el Título 18, Sección 208 (18 U.S.C. § 208); esta norma prohíbe taxativamente a los empleados del poder ejecutivo participar en asuntos gubernamentales que afecten a sus intereses financieros personales. Sin embargo, la propia definición legal de «empleado» en esta ley excluye explícitamente al presidente y al vicepresidente. En la Constitución, las cláusulas de emolumentos aparecen en el art. I, sección 9, cláusula 8 y en el art. II, sección 1, cláusula 7].
Desde el punto de vista moral, un utilitarista (pero no siempre), a diferencia de un deontólogo, no censuraría a Trump. Yo lo critico con dureza pues denigra una virtud fundamental: la ejemplaridad pública. Un tipo reprensible.
