Para mi maestro José María Álvarez (léase su obra «Sieg Heil!», Renacicimiento, 2007) la caída de Weimar demuestra que cuando un Parlamento se cree omnipotente y olvida el Imperio de la Ley (las garantías individuales inamovibles), abre las puertas a su propia destrucción a través de la demagogia: «Sobre lo que conviene reflexionar no es tanto sobre la muy conocida tragedia del Poder Nacionalsocialista —puesto que a lo largo de la Historia otras muchas formas de inhumanidad han prosperado— sino sobre la rendición ante el Mal (y no sin entusiasmo) de organizaciones sociales, religiosas, partidos políticos, la Universidad, la Judicatura, los intelectuales. Y cómo el hundimiento del Imperio de la Ley está latente en el alma de la Democracia de Masas y en el Parlamento de poderes ilimitados». El parelismo con nuestra política parlamentaria me parece directo e incontestable.
La era Sánchez es la apoteosis de un extremo estatismo en el contexto de la Agenda Global. Bajo la retórica de la «justicia social», la Transición Ecológica o el escudo social, el Estado asume prerrogativas morales e impositivas confiscatorias. Se legisla sobre el lenguaje, sobre los hábitos de consumo, sobre la propiedad privada y sobre la historia (memoria democrática) El Estado se mete en nuestras camas y nuestros fogones. La democracia se vuelve «simplista y engreída» porque asume que, mientras se vote cada cuatro años, el Estado tiene derecho a regular hasta el último reducto de la intimidad y la conciencia del individuo.
Observar hoy el panorama cultural, mediático y académico en España es asistir a esa misma rendición por entregas. Dan ganas de exiliarse. El sanchismo ha perfeccionado la colonización de las instituciones del Estado (CIS, Fiscalía, Tribunal Constitucional, RTVE) no mediante la fuerza, sino mediante la colocación sistemática de comisarios políticos y la asfixia económica o el linchamiento civil de las voces críticas. La disidencia ya no se castiga con la cárcel, sino con la muerte civil, el ostracismo mediático o la etiqueta de «fango» y «fachosfera». La Universidad y la prensa, que debieran ser los anticuerpos del sistema, se comportan a menudo como sus departamentos de propaganda.
Álvarez argumenta que la República de Weimar fracasó en su tramo final porque la política parlamentaria tradicional capituló ante la polarización radical, buscando soluciones desesperadas en lugar de defender los valores liberales clásicos. Así escribe en los capítulos inciales: «La República de Weimar era imposible. Pero pudo haber tenido otro final que la abominación del Volksgemeinschaft [comunidad del pueblo]: su continuación como República «autoritaria», la restauración de la Monarquía, el paso de esa República autoritaria a condiciones aceptables de Libertad con el avance económico. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Porque ninguna de esas salidas respondía tan bien al apetito de ese nuevo personaje de la Historia: las masas; ningún afán era «tan suyo», como el que les ofrecía el nacionalsocialismo. […] La Democracia se entregó sin lucha».
En una de sus tesis más polémicas y tajantes de filosofía política, Álvarez conecta el colapso parlamentario alemán con una tendencia estatista global que, según él, ya se gestaba en Occidente en los años 30: «Si he dicho que el Horror nazi fue una culminación de la Democracia moderna —otros intentos, más sutiles, pero igualmente no menos destructivos de las libertades, estaba ya fraguándolos EE. UU. con Roosevelt, o Inglaterra y otros países— lo es de manera muy especial. […] Lo que nos enseña Weimar es cómo una democracia puede autodestruirse respetando su propia legalidad. Las urnas legitiman el acceso a ese poder, quiero decir que evitan un cambio de gobierno por la violencia… [pero] es bastante políticamente incorrecto lo que nos cuenta de nuestra simplista y engreída Democracia».
El «apetito» actual de la masa es (digámoslo claramente) el resentimiento subvencionado y la tribalización de la sociedad. La política tradicional capitula ante la polarización radical porque el centro político ha sido dinamitado. El poder ya no busca convencer al adversario, sino mantener movilizada a su «tribu» mediante el miedo al «monstruo» (la eterna invocación de la extrema derecha o el fascismo omnipresente), justificando así cualquier demolición institucional como un acto de legítima defensa.
Si en Weimar el positivismo jurídico permitió que las leyes de plenos poderes vaciaran el sistema desde dentro, hoy vemos cómo la amnistía, el uso abusivo del Decreto-Ley y el cuestionamiento abierto de la Judicatura penalizan al ciudadano disidente mientras indultan al socio político. El Parlamento ya no se concibe como el límite al poder del Ejecutivo, sino como su correa de transmisión para someter al Tercer Poder. La «legalidad formal» devora a la legitimidad democrática.
Desearía que se meditasen y se actualizaran, cambiando lo que deba ser cambiado, a la era Sánchez y la democracia populista de masas, las ideas de mi añorado maestro Álvarez.
